En la jornada del
lunes 28 de septiembre de 2015 se escucharon cuatro declaraciones.
Declaración de
María Laura Lenci
En primer lugar
declaró María Laura Lenci, secretaria académica de la Maestría en Historia y
Memoria de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional
de La Plata.
Refirió que desde
principios de la década de 1990 se han realizado distintas investigaciones
sobre historia reciente; desde 2002 se estableció una red de estudios y en el
año 2014 la FAHCE
fue sede de las VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente. En el año 2003 la FAHCE organizó la Maestría en Historia y
Memoria y sus estudiantes producen muchas tesis cuyos temas se relacionan con
la historia de la zona de Berisso, Ensenada y La Plata.
Asimismo, en 2011
se supo que la FAHCE
se mudaría desde su sede en el centro de La Plata a nuevos edificios que se construirían en
el predio de lo que había sido el Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM 3) en
Ensenada. Se formó una comisión y en 2013 se acreditó un proyecto de
investigación "La Plata ,
capital de la represión. El archivo de la DIPPBA y la represión en La Plata , Berisso y Ensenada,
1956 - 1976", cuyo primer producto fue el libro editado por Margarita
Merbilhaá y Ana Julia Ramírez, "Memorias del BIM: Biografías. Las víctimas
de la Fuerza
de Tareas 5 en La Plata ,
Berisso y Ensenada". María Laura especificó entonces que ella declara como
portavoz de un trabajo colectivo.
Se refirió al rol
de la Armada
calificándolo como de doble cara. Por un lado, como proveedor de trabajo en la
región y con funciones comunitarias. Desde los años ´40 los talleres navales
emplazados en la Base Naval
de la Isla Santiago
dieron trabajo a muchos vecinos; también la construcción del BIM 3 en la década
del ´60. Los vecinos tenían una relación de cercanía y familiaridad no solo con
las unidades de la Armada
en la zona, sino también con el personal.
Por otro lado,
estaba el rol represivo de la fuerza. Recordó que en 1955, además de su
protagonismo en el golpe de Estado, la Armada amenazó con bombardear la Destilería La Plata
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); en ese contexto la ciudad de
Ensenada fue evacuada en dos oportunidades. Sobre esto trabajó una alumna de la Maestría , Marina Illanes,
en "La batalla de Ensenada". María Laura indicó que aquel golpe fue
el punto inicial del Estado terrorista.
También destacó que
el período que va de julio de 1975
a marzo de 1976 es crucial para ver lo que pasó en la
última dictadura. El año 1975 fue un año de grandes conflictos laborales.
Recordó que en julio de aquel año renunciaron José López Rega -Ministro de
Bienestar Social- y Celestino Rodrigo -Ministro de Economía y Finanzas
Públicas- y que, en el ámbito local, hubo elecciones en la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) Ensenada.
Existían tres
listas que competían para la elección de autoridades: la Lista Azul y Blanca
-oficialista-, la Lista
Celeste -vinculada a la Juventud Trabajadora
Peronista (JTP)-, la Lista
Gris -un desprendimiento de la Azul y Blanca- y la Lista Marrón
-vinculada al Partido Socialista de los Trabajadores (PST)-. Relató que cruzaron
datos de las listas que se encontraron en el archivo de la Dirección de
Inteligencia de la Policía
de la Provincia
de Buenos Aires (DIPPBA). Pudieron comprobar que de la Lista Azul y Blanca,
encabezada por Juan Carlos Marín, no hay ningún desaparecido. De las listas
Celeste y Gris mencionó a quienes fueron asesinados o se encuentran
desaparecidos. Hasta ahora no encontraron ningún ejemplar de la Lista Marrón.
Indicó que se fue
incrementando el proceso represivo y la preparación de grandes operativos con
la participación de la
Armada. Ejemplo de ello es un formulario impreso utilizado
por la DIPPBA
llamado "distribuidor", en donde figuran los distintos organismos a
los que se remiten copias de los informes de inteligencia. A partir de 1975 se
agregan a ese formulario el Jefe de la Escuela Naval y el del BIM 3.
En este sentido,
citó declaraciones de Emilio Eduardo Massera, publicadas el 21 de noviembre de
1975 en el diario El Día, vinculadas a la forma de actuar contra la subversión:
"Ya hace
tiempo que la Armada
está tomando medidas y está actuando directamente contra la subversión como
actuará y seguirá haciéndolo permanentemente, quizás de una manera no tan
elocuente ni brillante como lo está haciendo el Ejército en Tucumán, sino en
una forma más silenciosa".
Por otra parte,
señaló que hubo un correlato directo entre la participación en las luchas
obreras y los secuestros, desapariciones y asesinatos, entre las demandas
salariales y otras vinculadas al mundo del trabajo y el accionar represivo.
En Astillero Río
Santiago aparecieron a fines de aquel año volantes amenazadores contra
trabajadores y delegados. Cuerpos asesinados aparecían en jurisdicción de la Armada y de la Prefectura , no solo
aquí sino en todo el país. Permanentemente se publicaban en los diarios
secuestros y asesinatos de trabajadores.
Recordó el caso de
Miguel Ángel De Charras, Silvio Marotte y Alcides Emilio Méndez Paz,
secuestrados en noviembre de 1975, quienes permanecieron desaparecidos un
tiempo hasta que fueron "blanqueados" y pasaron a estar detenidos en la Unidad Penitenciaria
nro. 9, liberados finalmente en febrero de 1976. Méndez Paz fue secuestrado al
día siguiente de su liberación y fue asesinado. En el archivo de la DIPPBA se encontró también
un documento enviado por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) con
antecedentes y caracterizaciones políticas de trabajadores del Astillero.
Recordó que el 22
de marzo de 1976 hubo un gran operativo en la zona del bosque de La Plata , en el que
intervinieron la Armada ,
el Ejército y la Policía
de la Provincia
de Buenos Aires. Aquel día además el Astillero cerró sus puertas y reabrió
recién después golpe de Estado, citando a los trabajadores a reincorporarse en
distintos días según la sección en la que se desempeñaran. Debían presentarse con
documento y credencial de trabajo para controlar su identidad en listas que
estaban en poder de efectivos militares.
El mismo día del
golpe de Estado se realizó en el límite de los tres municipios una
"pinza" de control; detenían colectivos y autos y realizaban la misma
verificación de documentos con listas.
En aquellos días se
realizaron operativos de secuestro a la luz del día, en domicilios particulares
y lugares de trabajo; más adelante fueron adoptando una modalidad clandestina.
Por otra parte, muchos trabajadores renunciaron y otros fueron despedidos.
María Laura indicó
también que el relevamiento periodístico aporta mucha información sobre estos
operativos hasta el 25 de abril de 1976, cuando se publica un comunicado de la Secretaría de Prensa y
Difusión de la Nación :
"Queda
prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos
subversivos, aparición de cadáveres y muerte de elementos subversivos y / o
integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad por estos hechos, a menos que
sea informado por fuente responsable".
A partir del golpe
la administración de los tres municipios y uno de los más grandes centros de
activación y producción de la región -la Universidad Nacional
de La Plata-
fueron intervenidos por la
Armada : el Capitán de Corbeta Alfredo Fariña en la
municipalidad de Berisso, el Capitán de Navío Guillermo Jiménez y luego el
Capitán de Navío Eduardo Pizzagali en la municipalidad de Ensenada, el Capitán
de Navío Oscar Macellari en la municipalidad de La Plata y el Capitán de Navío
Eduardo Saccone en la
Universidad.
Indicó además que
estas designaciones coinciden con la zonificación represiva dispuesta en la
legislación; la Armada
conservó su influencia para reprimir en las zonas adyacentes a sus unidades.
María Laura pasó un
video, producido por Daniel Fabián, quien ocupó el cargo de director de
Derechos Humanos de la
Municipalidad de Ensenada, en el que se pudo escuchar el
testimonio de Roberto Páez, trabajador del Frigorífico Swift. El testimonio fue
un claro ejemplo de la relación de cercanía que existía entre el personal de la Armada y los vecinos de la
zona y la responsabilidad de aquella Fuerza en el secuestro de trabajadores y
el uso de sus unidades como Centros Clandestinos de Detención.
De acuerdo con el
listado de desaparecidos y asesinados en la zona, publicado en el libro
"Memorias del BIM: Biografías...", el 60% corresponde a trabajadores
y el 40% a militantes y estudiantes.
En cuanto al
impacto de la represión en la zona destacó la destrucción de puestos de
trabajo, el descenso del índice de población y lo que María Laura denominó
disrupción social, algo que se perdió y nunca más fue recuperado.
Declaración de
Gonzalo Leonidas Chaves
A continuación se
escuchó la declaración de Gonzalo Leonidas Chaves.
Dijo que Berisso y
Ensenada son las regiones en las que con más claridad surge la relación entre
el plan económico y el terrorismo de Estado, la relación entre la represión y
el desmantelamiento de la industria nacional. Existían órdenes secretas para
reprimir al movimiento obrero, un plan específico de represión en el que
participaban sectores económicos, militares y civiles que se vieron
beneficiados.
Antes del golpe de
Estado el movimiento obrero tenía una fuerte organización en la zona de
Berisso, Ensenada y La
Plata. Las fábricas más importantes de la zona eran Astillero
Río Santiago, la
Destilería La Plata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), el Frigorífico Swift, Petroquímica General Mosconi, Propulsora
Siderúrgica, aunque había muchas más. Involucraban a gremios como la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA), la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE), el
Sindicato de la Carne ,
comprendidos en la
Confederación General del Trabajo (CGT) de La Plata , Berisso y Ensenada.
Chaves recordó el
repudio al golpe expresado en una asamblea multitudinaria en Astillero Río Santiago,
una expresión de la democracia obrera, del "parlamento obrero", un
tema no debatido en otros ámbitos institucionales en el momento.
También refirió la
jornada del 3 de julio de 1975, el Rodrigazo de La Plata , Berisso y Ensenada.
Aquel día se realizó una asamblea en la Plaza Belgrano de
Ensenada en donde se decidió marchar a la sede de la CGT La Plata, también sede
de la UOCRA. Un
sector importante de trabajadores del Astillero decidió regresar al mismo; el
resto marchó hacia La Plata
caminando. En la Avenida
122 fueron detenidos por militares que intentaron dispersar la concentración;
otros continuaron hasta Plaza Italia. Desde allí fueron a la CGT y solicitaron
entrevistarse con Rubén Manuel Diéguez, Secretario General. Exigían una
movilización por la vigencia de la
Ley 14.250, amenazada por el plan económico de Celestino
Rodrigo, Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Desde la UOCRA dispararon; la policía
reprimió. Nunca se superó el nivel de participación y protagonismo de esas jornadas
cuando marcharon 10.000 trabajadores. Era la demostración del sindicalismo de
base, cuya principal organización se daba en el interior de la fábrica, que
resolvía las cosas en asamblea y cuestionaba a su conducción, dijo Chaves. En
ese sentido la Coordinadora
de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en Lucha de La Plata , Berisso y Ensenada
fue una fuerza opositora.
Gonzalo recordó
también lo que sucedió entre el 7 y 8 de julio de 1975, cuando la CGT Nacional llamó al
paro por la defensa de la Ley
14.250. Cien mil trabajadores pidieron en Plaza de Mayo la renuncia de López
Rega y Rodrigo; ambos lo hicieron el 19 de ese mes. López Rega se fue del país
con Rodolfo Eduardo Almirón Sena, Juan Ramón Morales y Miguel Ángel Rovira, la
plana mayor de la
Alianza Anticomunista Argentina (AAA).
En octubre de 1975
Ítalo Argentino Luder firmó una serie de decretos que dieron
"legalidad" a la represión en todo el país y se concentró la
conducción de aquella. En el ámbito local, la Armada tenía conocimiento de todo lo que sucedía
en Berisso, Ensenada y La
Plata.
Gonzalo también
repasó distintos hechos que conmovieron a los trabajadores. El 13 de enero de
1976 un grupo de civil secuestró a dos trabajadores de Propulsora Siderúrgica,
Salvador Abelardo De Laturi y Juan Carlos Scafide; aparecieron luego asesinados
en Ignacio Correas. En el Astillero decidieron el retiro de colaboración y un
paro de repudio. La
Coordinadora de Gremios convocó a un paro que tuvo un alto
porcentaje de acatamiento; se había constituido en la región una fuerza de
representatividad democrática por fuera de los sindicatos. El 17 de enero fue
el entierro de Scafide y asistieron cinco mil trabajadores y vecinos. Al salir
del cementerio el Ejército detuvo a muchos participantes; fue el prolegómeno del
esquema represivo.
El 26 de aquel mes
fueron incorporados doscientos treinta y nueve trabajadores al Astillero;
sospechaban que entre aquellos había miembros de la Inteligencia de la Armada. Dos meses
después, el 22 de marzo, el Astillero cerró sus puertas y en la solicitada que
se publicó en el diario El Día se indicaba que era para resguardar el
establecimiento ante la situación incontrolable. Dos días después fue el golpe
de Estado. Intervinieron la CGT ,
veintiséis sindicatos y dieciséis seccionales. Se anuló el derecho de huelga y
los trabajadores aparecieron como el principal objetivo de la represión. El
Astillero convocó a presentarse a los trabajadores el día 29 de marzo por medio
de una solicitada. Al entrar se encontraron con un control a través de listas y
muchos fueron secuestrados.
Chaves también se
refirió a la zonificación que la represión empleó para hacerse efectiva. Fue
implementada en 1958 y elaborada por dos militares franceses contratados por
Pedro Eugenio Aramburu, Pierre Badie y Patrice de Naurois. Contaron también con
el auspicio de la Embajada
de Francia en el país. Durante el gobierno de Arturo Frondizi su asesoramiento
se hizo estable y dictaron cursos de contrainsurgencia. En este sentido,
refirió que existieron dos programas: Hierro, para difundir la doctrina de
contrainsurgencia, y Hierro Forjado, con el que cuadricularon la población para
controlarla. Esto se puso en marcha con el Plan Conintes (Conmoción Interna del
Estado), un secreto militar entonces.
También señaló que
la acción de la AAA
siguió sin la presencia de López Rega, ya que tendría una estructura no
piramidal y contaba con distintas denominaciones según la zona del país.
Detalló que en Capital Federal y Buenos Aires estaba integrada por oficiales
retirados del Ejército y la
Policía , actuaban sobre el peronismo e incorporaron a la Concentración Nacional
Universitaria (CNU), que cobraba por cada muerto presentando el documento de
identidad de la persona asesinada. En Córdoba tomó la denominación de Comando
Libertadores de América y estaba conformada por oficiales en actividad del
Ejército. En Tucumán se llamó Comando de Resistencia del Norte y se integró en
1975 al Operativo Independencia.
Afirmó que la AAA era una estructura
paralela a las Fuerzas Armadas y que era responsable de ella el mando militar a
través de Inteligencia del Ejército; confeccionaron listas y redactaron órdenes
para matar a la dirigencia política y sindical y a quienes fueran
personalidades representativas de distintos sectores sociales. Su objetivo era
romper el nexo entre las generaciones y prepararon las condiciones para el
golpe de Estado.
Esta estructura
represiva se relaciona además con los posteriores Grupos de Tarea, ya que
heredaron a sus miembros y su accionar. Chaves recordó dos episodios que
muestran esta continuidad.
El 19 de marzo de
1976, previo al golpe de Estado, secuestraron y asesinaron a tres trabajadores
del Astillero: Fortunato Agustín Andreucci, Pedro Jorge Gutzos y José Luis
Lucero. Personal de civil los secuestró de sus domicilios y sus cuerpos fueron
hallados poco después en la localidad de Abasto.
Tres meses después,
el 19 de junio del mismo año, secuestran a Juan Carlos Arriola, Diego Leonardo
Arias, Juan Becker, Edgardo José Cardinali, Héctor Orlando García y Luciano
Roberto Sander. El hecho tuvo las mismas características y organización. Cinco
de ellos fueron arrojados desde un helicóptero después de haber permanecido en
el BIM 3. Becker sobrevivió por haber estado en sexto lugar.
Chaves señaló que a
pesar de la represión, la resistencia obrera a la dictadura continuó. Recordó
el conflicto del gremio de Luz y Fuerza y la desaparición de Oscar Smith,
Secretario General. También el primer paro nacional en dictadura realizado el
29 de abril de 1979, algo que no tuvo parangón con lo sucedido bajo otras
dictaduras, según afirmó. En el período se registró un número importante de
conflictos obreros, de resistencia en el interior de las empresas a pesar de no
poder nombrar delegados. Se realizaron ocho paros nacionales y movilizaciones
durante la dictadura. El movimiento obrero fue protagonista en el
restablecimiento de la democracia.
Declaración de José
Alberto Montes
En tercer lugar
declaró José Alberto Montes, trabajador de Astillero Río Santiago, quien dio su
testimonio de pie por razones de salud.
Ingresó al
Astillero el 5 de julio de 1983 en la Sección Cobrería.
Antes había trabajado de su profesión, cañista, para agencias, por períodos
cortos en distintas fábricas. En 1999 coordinó un trabajo para contar la
historia de los trabajadores y recopiló así muchas anécdotas de los años
pasados: "Astillero Río Santiago: su historia y su lucha".
Describió que en
aquella época se vivía aún un clima de terror y los trabajadores recelaban de
quienes ingresaban. En aquellos meses ingresaron unos setecientos trabajadores
y existía el rumor de que algunos eran infiltrados de la Policía. Dijo que el
caso más conocido fue el del delegado del sector grúas, oficial de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, quien entregó a compañeros y que después de ser identificado no fue más
al Astillero.
Relató además que
quienes trabajaban desde antes que él eran desconfiados y contaban que los
integrantes de la Azul
y Blanca habían participado con la dictadura confeccionando las listas para
secuestrar a los trabajadores. Como ejemplo recordó a Juan Roberto Horvath,
"El Ruso", quien surgió del Astillero; en 1984 perdió la conducción
de ATE ante la Lista Verde
y a partir de entonces fue asesor de la Armada en el Ministerio de Defensa.
Afirmó que existió
una saña particular con los trabajadores del Astillero. Alrededor de ciento
veinte se encontrarían desaparecidos o asesinados, pero solo se pudieron
identificar más de cuarenta. Explicó que esto se debe a que muchas familias se
fueron de la región después de ser perseguidas.
Refirió también que
el Astillero mantiene vigente hasta el presente la Convención Colectiva
de Trabajo conquistada con la lucha que llevaron adelante los trabajadores
desde los años ´60; a pesar de la presencia constante de la Armada en las asambleas la
combatividad no decayó. Las coordinadoras zonales tuvieron un rol importante en
esto y señaló que la historia del Astillero está basada en el cuerpo de
delegados por sección, de la elección de un delegado por cada cincuenta
trabajadores. Dijo que quisieron quebrar la organización de base, pero no
pudieron. La dictadura logró impedir que funcionara durante unos años, pero ya
en 1982 se reorganizó. El delegado fue siempre el representante legítimo de los
trabajadores y por eso no es casual que la mayoría de delegados de aquella
época hayan sido asesinados o se encuentren desaparecidos.
Dijo que la
coordinadora zonal tenía un funcionamiento democrático; en ella participaban
trabajadores de distintas fábricas en reuniones abiertas en un estadio de
fútbol, debatiendo libremente y sus resoluciones eran soberanas. Primero fueron
una forma de autodefensa ante los despidos de delegados; luego sirvieron para
discutir reclamos comunes de salarios, vigencia de convenios y condiciones de
trabajo. Así fue que las distintas coordinadoras zonales del país obligaron a
la dirigencia sindical a convocar la huelga nacional del año 1975, impuesta
desde abajo.
Montes afirmó que
existe un relato expresado por los trabajadores según el cual el verdadero
responsable de la represión es el imperialismo a través de la implementación
del Plan Cóndor en toda Latinoamérica. La AAA fue la predecesora de la represión desatada
sobre dirigentes y representantes obreros. Se trata de un período iniciado en
1955 en el que se trató de imponer planes de ajuste; de ahí el ensañamiento con
los trabajadores.
La tradición de
lucha del Astillero siguió vigente y fue la que impidió la privatización. Hoy
el Astillero cuenta con tres mil setecientos trabajadores y se reactivó su
producción; ese es el mejor homenaje a los compañeros desaparecidos.
En el final de su
declaración José leyó la lista de los trabajadores del Astillero desaparecidos
y fue estremecedora la voz del público que replicó ante cada uno
"presente".
1.
Carlos Esteban Alaye
2.
Jorge Raúl Arfuch
3.
Diego Leonardo Arias
4.
Juan Carlos Arriola
5.
Jorge Omar Astudillo
6.
Armando José Bautista
7.
Pedro Ramón Benítez
8.
Juan Carlos Blasetti
9.
Roberto Eduardo Bonín
10.
Mario Guillermo Cabassi
11.
Simón Pedro Campano
12.
Hugo Daniel Carzolio
13.
Juan Ramón Cascallares
14.
Miguel Ángel Casciana
15.
Eduardo Luis Crema
16.
Cosme Denunzio
17.
Ricardo Mario Díaz
18.
Mario Oscar Gallego
19.
Héctor Orlando García
20.
Jorge Orlando Icardi
21.
Matilde Itzigsohn
22.
Alberto Gustavo Jamilis
23.
José Luis Lucero
24.
Catalino Martínez
25.
José Manuel Monteagudo
26.
Jorge Néstor Moral
27.
Héctor Amílcar Morán
28.
Mario Luis Noriega
29.
Ricardo Alberto Nuez
30.
Rubén Omar Padín
31.
Carlos Roberto Pasero
32.
Ángel Mario Pinedo
33.
Jorge Máximo Real
34.
Leonardo Rubén Sampallo
35.
Juan Carlos Silles
36.
Héctor Norberto Simek
37.
Miguel Ángel Soria
38.
Pablo Daniel Tello
39.
Osvaldo Juan Valdez
Declaración de
Paula Eva Ivonne Barragán Sáez
Luego se escuchó a
Paula Eva Ivonne Barragán Sáez, becaria doctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quien investiga las formas de
organización de los trabajadores, las relaciones laborales con la Armada como empleador y la
organización de la gestión productiva en el Astillero Río Santiago en el
período 1969-1979. También realizó otros trabajos complementarios; su trabajo
original fue identificar al Astillero como una empresa estatal singular, con
producción estratégica para la defensa.
Para su
investigación trabajó con documentación de Astilleros y Fábricas Navales del
Estado (AFNE) que forma parte del acervo del Archivo General de la Nación.
Repasó la historia
del Astillero, recordando sus antecedentes como talleres navales que
funcionaron en la Base
Naval de la
Isla Santiago. Luego se creó por decreto del año 1953 AFNE,
integrada por Astillero Río Santiago (ARS) y la Fábrica Naval de
Explosivos Azul (FANAZUL), gestionadas por el Ministerio de Marina. Para la Armada el Astillero pasó a
ser la fábrica más importante bajo su órbita.
En 1969 se
constituyó como Sociedad Anónima, es decir, quedó dentro del ámbito civil; el
96% de su capital accionario estaba en poder del Ministerio de Defensa y el 4%
restante en manos de Fabricaciones Militares, dependiente del Ejército, pero su
administración quedó en manos de la Armada. Como Sociedad Anónima funcionaría como
una empresa sin depender de partidas presupuestarias, tendría acceso a créditos
y mayor autonomía.
Barragán
caracterizó como paternalismo industrial el trato que la dirección del
Astillero daba a los trabajadores, relación extendida también en otras empresas
privadas y públicas. Los salarios eran competitivos, el trabajo era estable,
contaban con beneficios sociales. Todos estas características se ven
articuladas en las Convenciones Colectivas de Trabajo suscriptas con la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) en los años 1971, 1973 y 1975, mejorando cada vez
las condiciones laborales.
Como característica
particular del Astillero refirió la identificación que se propugnaba por parte
de la administración de la
Armada con la formación castrense, el discurso nacionalista
que identificaba la fuente de trabajo con el reconocimiento de lo público, lo
estatal y lo nacional.
El Astillero además
garantizaba cierta seguridad y estabilidad laboral, una formación técnica que
tenía distintos niveles, cuya especialización redundaba en el ascenso en la
escala laboral con una contrapartida salarial.
Desde 1971 se dio
una lucha cada vez más fuerte por el salario. En 1973 surge una serie de
representantes de base con líneas ideológicas y políticas diferentes a la de la
ortodoxia peronista y las nuevas reivindicaciones tienen un lugar cada vez más
relevante. Se le da cada vez más importancia al riesgo físico que los
trabajadores corrían; se ponen en cuestión las condiciones de trabajo, el orden
industrial y empieza a tener peso el uso y la apropiación del espacio con las
asambleas en el lugar de trabajo, desafiando el orden marcial. Afirmó también
que entre enero de 1974 y febrero de 1976 los trabajadores del Astillero
desarrollaron un ciclo ampliado de conflictividad de base. Participaron en
distintas formas de organización y movilización.
El 22 de agosto de
1975, cuando se cumplía el tercer aniversario de la Masacre de Trelew, estalló
una bomba en la
Fragata Santísima Trinidad. Comenzó entonces un proceso feroz
de disciplinamiento, vigilancia y control exacerbado sobre los trabajadores. La
dirección de la empresa fortaleció su relación con la Armada. Una de las
principales medidas de disciplinamiento fue la ocupación de la planta para
recuperar la hegemonía. La dirección decidió cerrar la planta en noviembre de
1975 y marzo de 1976 ante los reclamos.
El director,
Enrique Carranza, llevaba adelante una práctica paternalista eficiente.
Aparecía como un referente en la defensa del Astillero frente a las amenazas
económicas y políticas y se posicionaba como un padre para un sector de los
trabajadores. Al no poder controlar y contener la dinámica sindical, fortaleció
el vínculo con la Armada.
El espacio laboral se militarizó y los infantes de marina se
presentaban ante cualquier reunión.
El 2 de noviembre
de 1975 emitió un comunicado publicado en el diario El Día; en él se informaba
el cierre del Astillero y Carranza aparecía como un negociador, un mediador
entre los trabajadores y el directorio. Pero en las actas es claro que es el
mismo Carranza quien propuso el cierre y no aceptar los reclamos. Después de
este conflicto presentó su renuncia varias veces hasta que se hizo efectiva el
10 de marzo de 1976. A
partir de entonces se desempeñó como asesor técnico en la Armada.
El segundo cierre
del Astillero se realizó días antes del golpe de Estado. Cuando reabrió sus
puertas la relación con los trabajadores sería otra. Si bien el Astillero no
era parte de la infraestructura de la
Armada , aquel era un baluarte para esta. La infraestructura
del Astillero, los recursos materiales y el personal fueron puestos a
disposición para secuestrar a los trabajadores. Inmediatamente después del
golpe de Estado se incrementó la vigilancia y el control, que continuó durante
los primeros meses de dictadura. Se erradicaron las formas de organización de
resistencia y se obturó el paternalismo. Las negociaciones fueron dejadas de
lado y se asentó la vigilancia militarizada.
Barragán citó el
inicio de la memoria contable del período julio de 1975 - junio de 1976:
"La ubicación
geográfica del principal establecimiento fabril, el Astillero Río Santiago, en
una zona ideológicamente organizada mostró la participación activa de
diferentes comisiones de distintos establecimientos de la zona, pertenecientes
al sector público y privado, y la infiltración interna y externa de elementos
adiestrados de extracción gremial y universitaria, que no solo actuaron por sí,
en su calidad de pseudo operarios de la empresa, sino que influyeron
notablemente en parte del personal utilizando como banderas, entre otras, la
crítica situación económica que, si bien constituía un hecho real, escapaba al
área de responsabilidad de la empresa".
Con estas palabras
se referían al estado de las relaciones laborales previas al golpe de Estado;
se ve que la dirección caracterizaba el comportamiento de los trabajadores
organizados de acuerdo con los marcos generales del PLACINTARA y la Doctrina de Seguridad
Nacional: como enemigos internos.
Barragán se refirió
también a los cambios que se sucedieron. Bajó cada vez más el presupuesto
destinado a salarios -en 1973 representaba un 40% del presupuesto-; se dio un
éxodo progresivo de la mano de obra calificada; con menos trabajadores y
menores salarios se logró una mayor producción.
Dijo también que se
trató de la aplicación de un conjunto de políticas que modificaron el lugar
protagónico de los trabajadores industriales; al mismo tiempo disminuyó la
participación de la industria en el Producto Bruto Interno y las pequeñas y
medianas empresas tendieron a desaparecer; el capital se concentró cada vez
más.
Barragán repasó
además los datos contundentes de la represión sobre los trabajadores. En el
Astillero arrasaron con el cuerpo de delegados. Según los datos que recopiló,
en 1976 secuestraron a dieciséis trabajadores -hoy desaparecidos-, en 1977 a diecisiete -también
desaparecidos-, en 1978 a
tres más -desaparecidos-. También encontró que diez trabajadores fueron
secuestrados, aunque no se sabe exactamente cuándo sucedió y otros diez
trabajadores fueron asesinados.
En sus
investigaciones pudo ver que los trabajadores del Astillero tenían un
sentimiento de pertenencia e identidad muy fuerte con su lugar de trabajo.
Después de la dictadura se reorganizaron sindicalmente y evitaron la
privatización en defensa de lo estatal, lo público y lo nacional.
Pedido de
ampliación de la acusación
Los abogados María
Pía Garralda y Nicolás Tassara, representantes de la querella unificada del
colectivo ¡Justicia Ya! La Plata
que encabeza la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y por la Fundación Anahí ,
Rosaria Isabella Valenzi, Tania Nuez, Elsa Pavón, Clara María Petrakos y Carlos
Zaidman, solicitaron ampliar la acusación que pesa sobre tres imputados por
doce nuevos casos.
Solicitaron que a
Luis Rocca se le sume su responsabilidad en la privación ilegítima de la
libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de Luis Eduardo Bloga, quien
declaró el miércoles 12 de agosto de 2015 en la quinta audiencia. Luis
trabajaba en Astillero Río Santiago y permaneció secuestrado entre mayo de 1976
y diciembre de 1980.
Por otra parte,
solicitaron que Eduardo Antonio Meza y Carlos José Ramón Schaller tengan que
responder penalmente también por la privación ilegal de la libertad y
aplicación de tormentos en perjuicio de los hermanos Juan Alejandro, Miguel
Reinaldo y Roberto Miguel Aguirre, Jorge Alberto Arri, Jorge Estanislao
Bogusas, Manuel Carrete, Luis Ricardo Córdoba, José Luis Dervaric, Alberto
Oscar Lannoo y las hermanas Ana María y Rosa Francisca Nievas.
Miguel Reinaldo y
Roberto Miguel Aguirre declararon el miércoles 5 de agosto de 2015 en la
tercera audiencia; ambos eran trabajadores del Frigorífico Swift y fueron
secuestrados el 25 de marzo de 1976, como Juan Alejandro Aguirre, quien
falleció en un accidente de tránsito.
Jorge Alberto Arri
declaró el miércoles 12 de agosto de 2015 en la quinta audiencia. Trabajaba en
Propulsora Siderúrgica y fue secuestrado el 24 de marzo de 1976.
Los abogados
citaron la declaración de Carmelo Cipollone del lunes 3 de agosto de 2015 en la
segunda audiencia de este juicio. En ella Carmelo mencionó que fue secuestrado
con José Luis Dervaric, trabajador de Astillero Río Santiago y del Frigorífico
Swift, el 24 de marzo de 1976. Asimismo recordó que Jorge Estanislao Bogusas y
Manuel Carrete permanecieron secuestrados en el mismo sitio en el que él estaba
alojado.
Luis Ricardo
Córdoba declaró el miércoles 12 de agosto de 2015 en la quinta audiencia.
Trabajaba en Astillero Río Santiago y fue secuestrado el 24 de marzo de 1976.
Alberto Oscar
Lannoo declaró el lunes 14 de septiembre de 2015 en la novena audiencia.
Trabajaba en Propulsora Siderúrgica y fue secuestrado el 26 de marzo de 1976.
Finalmente, Ana
María Nievas declaró el lunes 10 de agosto de 1976 y relató que fue secuestrada
el 24 de marzo de 1976; lo mismo sucedió con su hermana Rosa Francisca Nievas.
Ambas trabajaban en Astillero Río Santiago.
Garralda y Tassara
repasaron las declaraciones vertidas en el juicio y sostuvieron que, si bien
estas personas no fueron incluidas como víctimas en el auto de elevación a
juicio, deben ser incluidas en este proceso para evitar la revictimización, la
fragmentación y descontextualización de la investigación, ya que los hechos que
se pusieron de manifiesto se encuentran íntimamente vinculados con los que son
objeto de juicio.
La querella
representada por Guadalupe Godoy adhirió parcialmente al planteo: imputar a
Luis Rocca la privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de
tormentos en perjuicio de Luis Eduardo Bloga y a Eduardo Antonio Meza y Carlos
José Ramón Schaller los mismos delitos en perjuicio de Roberto Miguel Aguirre,
Jorge Alberto Arri y Alberto Oscar Lannoo.
Por su parte, la
querella representada por Pedro Griffo también adhirió parcialmente imputando
la privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos en
perjuicio de Roberto Miguel Aguirre, Jorge Alberto Arri y Alberto Oscar Lannoo
a Eduardo Antonio Meza y Carlos José Ramón Schaller.
El Ministerio
Público Fiscal solicitó tiempo para analizar cada caso y decidir su adhesión al
planteo hecho por los querellantes. El tribunal le concedió tiempo hasta el
miércoles próximo para que presente por escrito su posición sobre el tema.
En la próxima
audiencia se escuchará a las defensas y la resolución de los jueces.
*
Durante la
audiencia se leyó la resolución que por mayoría de los jueces César Álvarez y
Carlos Alberto Rozanski no hace lugar al pedido de la defensa oficial para
realizar una pericia caligráfica sobre documentos firmados por el imputado
Carlos José Ramón Schaller. Por su parte, el juez Germán Castelli opinó que la
pericia debía hacerse.
*
A su vez, el
defensor privado Miguel Germán De Irureta puso en conocimiento del tribunal las
discrepancias que sostiene con su defendido Roberto Eduardo Fernando Guitián y
solicitó que se acepte su apartamiento de la defensa del mismo.
*
También las partes
solicitaron nuevas medidas de prueba, desistieron de citar a una serie de
testigos y pidieron la incorporación de testimonios por lectura. El tribunal
resolverá.
*
Por otra parte, las
indagatorias previstas en la audiencia anterior no tuvieron lugar. Las
declaraciones serán tomadas en la próxima audiencia.
*
Asimismo, se había
anunciado la declaración de Claudia Bellingeri; la testigo no se presentó.
*
La próxima
audiencia fue convocada para el lunes 5 de octubre a partir de las 14 hs. Se
prevé la contestación de las defensas sobre el pedido de ampliación de la
acusación que pesa sobre los imputados Eduardo Antonio Meza, Luis Rocca y
Carlos José Ramón Schaller y la resolución del tribunal sobre este tema;
también las indagatorias de los acusados José Casimiro Fernández Carró, Roberto
Eduardo Fernando Guitián, Eduardo Antonio Meza y Carlos José Ramón Schaller.
Previamente, desde las 9.30, se realizará una inspección en la Escuela Naval , la
sede de la Prefectura
Naval de Ensenada, el Hospital Naval y en el predio en el que
funcionó el Batallón de Infantería de Marina 3.
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